La red de los Gaete Crichton

Octubre 2014

La cara menos visible del clan viñamarino asentado en San Antonio es Gabriel, ingeniero comercial a la cabeza de “Gigantografía Digital”, una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada por la que transversalmente han desfilado candidatos políticos, autoridades, un ex funcionario gubernamental convertido en productor pornográfico, un ex Secplac -alguna vez a cargo de las finanzas de campaña del actual alcalde- y un publicista que denunció a la agencia en el Ministerio Público por el robo de una millonaria factura. Aunque el negocio partió hace años de la mano del cuestionado ex director (S) del hospital San José de Melipilla -Marcelo- y Javier -hoy encargado comunicacional de la Municipalidad de Cartagena- la firma es administrada por el padre de los Gaete Crichton, Marcelo Gaete Darrouy, un empresario pinochetista con antecedentes de detención por infracción a la Ley de Cheques y Giro Doloso. El mismo que en abril del 2013 fue jefe de obra en el violento desalojo del campamento “Ex Seguir Avanzando”, toma ilegal que su familiar político -el Consejero Regional de la DC Roy Crichton- defendió interponiéndose a la retroexcavadora que ese día estuvo en el lugar. Una relación parental oficialmente desconocida por dirigentes y pobladores. Ignoran también el desembolso de 9 millones y medio de pesos -casi 6 menos de lo solicitado originalmente- que el Serviu de la VR realiza a la Sociedad Marioporzio LTDA., empresa porteña donde años antes Gabriel realiza su práctica laboral y hoy Marcelo -padre- es Gerente. Uno de los emails intercambiados entre Porzio y el organismo fiscal involucra un supuesto pago remunerado a Bomberos de Cartagena por la quema de elementos contaminantes en el lugar. Pero nunca hubo quema, pagos ni acuerdos. Tampoco el retiro de escombros ni la cantidad de máquinas y personal ofertados. Para Gaete y Porzio San Antonio ya les era familiar: en mayo del 2010 demolieron los ocho edificios de Villa del Mar, por un contrato que superó los 200 millones de pesos. POR GUILLERMO ESCOBAR RAMÍREZ, PERIODISTA.

08/09/2014.- Mediodía del domingo 31 de agosto.

Javier Gaete Crichton -Gerente de Gigantografía Digital y encargado comunicacional de la Municipalidad de Cartagena- supervisa la instalación de una pantalla gigante en el frontis del edificio corporativo.

Se trata de un negocio en el que su esposa Rose Marie Cattan Stipicic tiene directa participación: junto a Alfonso Gross Rocuant y María José Bozzo Pettinelli integra el Grupo 3G Led Limitada, compañía que según registra el Servicio de Impuestos Internos inicia actividades el 19 de mayo de este año.

La sociedad -constituida un mes antes- se adjudica la licitación del servicio de arriendo de dos pantallas lead y producción de spots municipales por 4 millones 369 mil 748 pesos el 22 de agosto, acuerdo acreditado en el Decreto 1633.

Una consulta a Chile Proveedores realizada el 4 de septiembre indica que Cattan Stipicic es afiliada a 3G Led Limitada; 5 días después, aparece retirada de la misma.

Mientras Bozzo Pettinelli -pareja de Marcelo Gaete Crichton- maneja una EIRL en Lampa -dedicada a actividades veterinarias y eliminación de desperdicios y aguas residuales- Gross Rocuant es propietario de Gros Co Ltda., una empresa especializada en construcción y demolición con explosivos.

Entre los integrantes de la Comisión Evaluadora que aprueba el proyecto aparece Iván Martínez Sánchez, constructor civil, Secplac de la Municipalidad de Cartagena y esposo de la alcaldesa DC de El Quisco, Natalia Carrasco, hija del destituido ex edil por esa comuna -José Carrasco- por otorgar una patente comercial para su esposa, Luz Marina Pizarro Vidal.

Carrasco padre (DC) es también uno de los imputados por la supuesta tramitación y obtención de subsidios habitacionales en forma fraudulenta en la comuna de El Quisco, perjuicio para el Fisco avaluado en 1.700 millones de pesos.

Martínez Sánchez (PPD) es uno de los funcionarios públicos investigados por la Contraloría el 2013, que audita inconsistencias en su Ficha de Protección Social respecto al nivel educacional -según el Informe n°50- lo que deriva en una investigación por falsificación interpuesta por el Serviu, tras un millonario subsidio habitacional obtenido por el profesional.

Además, la PDI lo investiga hoy -de acuerdo a la causa RUC nº 1410010003-8- por el delito de “apropiación indebida, estafas y otras defraudaciones”, en el marco de otra querella del SERVIU por la autorización que entrega a la quebrada Empresa Santa Andrea -en su calidad de Inspector Técnico de Obras de la Corporación Habitacional- sobre estados de avances de obras inexistentes.

En el portal Mercado Público, uno de los certificados presentados por 3G Led Limitada para adjudicarse el contrato que regirá entre septiembre y diciembre del 2014 -visado y firmado por el alcalde Rodrigo García Tapia (PPD) e hijo del destituido ex edil de la misma comuna Luis García Rojas- define a SAI Medios Limitada como una empresa que posee la publicidad concesionada en la comuna de Santo Domingo para instalación de pantalla lead, según el decreto 2065 del 13 de diciembre del 2013.

De acuerdo a ese archivo, la propuesta corresponde a un permiso precario para ingresar y estacionar en el acceso a la comuna un vehículo con una pantalla de 3×2 metros que promocionará e informará actividades municipales durante el verano 2013 – 2014.

El Gerente de SAI Medios Limitada es Juan Carlos Cárdenas Peralta.

Alguna vez Secplac de la Municipalidad de San Antonio y encargado de las finanzas de campañas del actual alcalde Omar Vera Castro -previo a su segundo período- en 1982 obtiene su título como ingeniero comercial de la Universidad de Chile.

Se presenta como consultor en desarrollo local, consultor financiero independiente; en su currículum figura como ex Director de la SECPLAC de la Municipalidad de San Fernando, ex jefe de proyectos en el Centro de Estudios Territoriales Aplicados Ltda., ex asesor urbano en la Municipalidad de Los Andes y ex Secplac de la misma.

A finales del 2011 busca un cupo en su partido -la Democracia Cristiana- para convertirse en candidato a concejal por la capital provincial, asunto que no prospera. En medio de su intentona política, da una entrevista al Diario Proa Regional de San Antonio: recuerda algunos emprendimientos, su llegada a la zona y el trabajo que desarrolló en el desaparecido supermercado Egas -propiedad del ex diputado RN Carlos Hidalgo- hasta la quiebra del año 1998.

Cárdenas fue pareja de Guillermina Muñoz, quien junto a Rose Cattan Stipicic y sus amigas Pilar Murillo y María José Rodríguez lanzan el 9 de septiembre el programa “Entre Brujas” de radio Tu Música, propiedad de Andrés Pons Márquez, un empresario radicado en El Quisco, dueño del Canal de televisión Girovisual y autopresentado como ingeniero civil y cientista político.

En el SII, SAI Medios fija el inicio de actividades tributarias el 19 de agosto de este año con los giros de edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas, edición de grabaciones, actividades de servicio relacionada con la impresión, servicios de televisión no abierta, investigación de mercados y realización de encuestas de opinión pública, empresas de publicidad, actividades de fotografía publicitaria, ferias de exposiciones con fines empresariales, producción de películas cinemátograficas, exhibición de filmes y videocintas, actividades de televisión, actividades de radio, servicios de producción de recitales y otros eventos musicales masivos, servicios de producción teatral, actividades empresariales de artistas, actividades de parques de atracciones y centros similares, otras actividades de entretenimiento, agencias de noticias, explotación de instalaciones especializadas para las prácticas deportivas, promoción y organización de espectáculos deportivos, contratación de actores para cine, tv, y teatro y otros servicios de diversión y esparcimientos.

EL DESALOJO

A las 8 de la mañana del 10 de abril de 2013, efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros de Valparaíso, una máquina retroexcavadora y algunos camiones llegan hasta la parte más alta del cerro Bellavista, en el límite entre las comunas de San Antonio y Cartagena.

La instrucción es una sola: destruir las 42 casas y desalojar a las 36 familias que ocupan ilegalmente el terreno perteneciente al Serviu.

Mientras un segundo operario -el primero abandona la faena- pulveriza las precarias viviendas, algunas mujeres -varias de ellas embarazadas- lloran y gritan desesperadamente.

Se producen violentos enfrentamientos con los uniformados.

Ese mismo día -a 110 kilómetros de distancia y desde la frialdad de una oficina- mediante la Resolución Exenta n° 1525 el organismo fiscal decreta gastar 9 millones 520 mil pesos imputables al presupuesto manejado ese año por el capítulo regional del Serviu, según consta en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria n° 226.

Una semana antes, el Servicio de Vivienda y Urbanismo de la V Región había resuelto cerrar un contrato con la “Sociedad Demoliciones Marioporzio LTDA” por el servicio de demolición y retiro de escombros del campamento “Comité Habitacional Bicentenario Nuevo Amanecer”, creado en marzo del 2011 y conocido mediáticamente como el ex “Seguir Avanzando” de San Antonio.

El 4 de abril, desde la Unidad de Control y Presupuesto del SERVIU VR se remite un email -con copia al Departamento de Administración y Finanzas- para Mario Porzio Germain -Gerente General de la firma- donde se describen las condiciones para el lanzamiento de la toma en la ciudad puerto.

(04/04/2013, 18:31) “Sr. Porzio, según lo conversado (…) le detallo los requerimientos para un desalojo de un Terreno Serviu ubicado en San Antonio que se desarrollará en el transcurso de la próxima semana, no más de dos días y fecha específica por definir el día de mañana. Las 40 familias han sido notificadas a través de una Resolución y se contará con el apoyo de la Gobernación de San Antonio y fuerzas especiales de Carabineros”.

La respuesta de Porzio revela que el valor original de las faenas es casi 6 millones de pesos más que el costo final -cancelado en agosto del 2013- por las faenas.

(05/04/2013, 12:43) “(…) el valor por los trabajos de demolición y retiro, con todas las complicaciones que eso conlleva, por el hecho de encontrarse en una toma: demolición y retiro; quema controlada en terreno externo; demolición total… $14.980.000 + IVA. Saludos. MP”.

Durante la misma tarde, el Departamento de Administración y Finanzas del Serviu V Región envía un correo electrónico a Mario Porzio, con copia a la Unidad de Control y Presupuesto.

(05/04/2013, 16:28) “(…) Agradeceré detallar con más precisión logística que presentarás para ejecutar el desalojo requerido”.

Tras 4 horas, Porzio entrega nuevos antecedentes.

(05/04/2013, 20:41) “(…) Se considera: 1 Excavadora con operador, 1 Cargador Frontal con operador, 4 Camiones Tolvas grandes con sus respectivos choferes, 6 personas de apoyo en obra. En el botadero habrá 1 Retroexcavadora con su operador más 1 persona de apoyo, 1 encargado responsable de la Obra y prevencionista. Se dispondrá de todo lo necesario según norma vigente. Bomberos de Cartagena confirmó la colaboración remunerada para ejecutar una quema controlada de algunos desechos contaminantes, los que el Servicio de Salud controlará, sin excepciones. Saludos. Marioporzio”.

11 minutos después, el Departamento de Administración y Finanzas escribe: “Mario: me falta saber si está considerado el retirar enseres y dejarlos en un recinto determinado por nosotros, esto producto que sólo son 5 las casas desocupadas”.

La copia de ese email incluye por primera vez el nexo con los Gaete.

El último correo electrónico de esa jornada -dirigido a Porzio y a las unidades del Serviu involucradas – lo firma Marcelo Gaete Darrouy.

(05/04/2013, 22:27) “Lo importante es que sea un recinto cerca para evitar los malos entendidos entre los pobladores. Si es así se considera un camión de mudanzas cerrado, pero necesitamos la ayuda de los moradores para un mejor orden de las mudanzas. Marcelo Gaete, por Demoliciones Mario Porzio”.

El día del desalojo, algunos políticos locales llegan temprano.

El concejal RN por San Antonio Danilo Rojas Barahona es increpado por el dirigente José Miranda.

“A qué viene a meterse; el mismo le regaló a toda la gente casas para que se vinieran a instalar acá… vino a buscar votos lloviendo. Y ahora viene a dar cara acá… sinvergüenza”.

“Viejo culiao, viejo conchetumare” le gritan.

Empujan al bombero, rotario y amigo íntimo de Juan Carlos Salazar, el rescatista acusado de violar a la hija -menor de edad- de la mujer que baleó a quemarropa en El Quisco para después suicidarse en febrero del 2014.

Mejor bienvenida tiene el Consejero Regional DC Roy Crichton, quien antes de arribar al terreno de Bellavista postea a las 8:25 AM en su perfil twitter: “Me he bajado del avión con destino a Arica para estar con los vecinos del campamento Seguir Avanzando de San Antonio. Gobierno de Mierda. En siete meses más nosotros junto a los pobladores los desalojaremos a ellos“.

Coloca su IPhone 5 frente al anillo de seguridad formado por un piquete de Carabineros que le impide circular.

Graba al funcionario policial que acusa por una supuesta agresión en su contra.

La protesta del falangista -asesor del diputado Víctor Torres Jeldes y ex funcionario de la Subdere mientras el hoy parlamentario era Gobernador- la expresa a viva voz frente a los policías que le rodean: “Este es un bien nacional de uso público”, alega.

Desde el 2012 y hasta ahora, Roy Crichton preside la Comisión de Inversiones en el Gobierno Regional de Valparaíso.

El 2014 contrae matrimonio con la abogada talquina de la Universidad de la Santísima Concepción Claudia Urra Rojas, ex Jefa de Recursos Humanos de la Municipalidad de Cartagena.

Tras el pronunciamiento de Contraloría respecto a una denuncia por el no pago de imposiciones durante enero y febrero de 2013 -y que significó un costo millonario por multas e intereses con cargo a la administración comunal- la jurista es derivada a la unidad de Transparencia.

La investigación sumaria en torno a los hechos -a cargo del Director Jurídico del municipio y docente del Instituto La Araucana, Fernando Rossel Cisternas- aún no tiene resultados.

Roy Crichton es el cuñadastro del Gerente de la Zona Sur de Demoliciones Marioporzio -Marcelo Gaete Darrouy- un acérrimo partidario del Golpe Militar de 1973 y declarado admirador de su líder fascista, Augusto Pinochet Ugarte.

Como si se tratara de mundos paralelos, mientras el cabecilla los Gaete Crichton monitorea la destrucción de la población, la EIRL de su hijo –Gabriel Alonso Gaete Crichton Agencia y Organizadora de Viajes EIRL– obtiene 6 millones de pesos a través del Capital Semilla Empresa.

Desde la distancia, Gaete Darrouy observa las faenas; conversa animadamente con quien lo secunda: el ex Encargado de Emergencias de la Gobernación Provincial Claudio Barra Cabrera y activo colaborador de Gigantografía Digital.

En ese momento, Barra -un egresado de enseñanza media aficionado a la fotografía, autoproclamado productor pornográfico– es parte de la Unidad de Emergencias de la Gobernación Provincial de San Antonio.

Según la Resolución Exenta n°365, ese día lo pidió libre. Tal como lo había hecho durante las últimas semanas, recurre a la figura administrativa de horas compensadas.

De todas formas, porta la radio institucional.

Fotografía la desintegración de las moradas con su teléfono. Relajadamente mira a los impotentes vecinos y se pasea entre ellos mientras come un snack. Junto a Marcelo, ríen a metros de las personas que con impotencia ven arrasados sus humildes caseríos.

Se trata de personajes que privadamente mantienen estrechas y fraternales relaciones de amistad.

Apenas Gigantografía Digital abre sus oficinas en San Antonio, se transforma en el centro de operaciones para producir la imagen de los principales rostros de la política local: candidatos a concejales, alcaldes, parlamentarios y Cores son sus principales clientes.

Uno de ellos es Víctor Torres Jeldes.

Poco arraigo con San Antonio y el distrito tiene la historia del legislador.

Del 2002 al 2004, preside la Juventud Demócrata Cristiana de la Provincia de Valparaíso. En forma paralela, entre 2003 y 2004 es coordinador regional de la JDC y entre 2004 y 2005, Secretario General de la JDC Regional Valparaíso.

El 2006, trabaja en la coordinación de la campaña de la candidata presidencial Michelle Bachelet en la comuna de Petorca.

A partir de enero de 2007 y hasta diciembre de 2008 es gobernador provincial de San Antonio.

Es electo diputado por el distrito 15 dos veces, siendo la última el 2014.

En mayo de este año, su padre -el profesor y ex Subdirector del Liceo Barón de Valparaíso- es designado Director Regional del Instituto Nacional del Deporte (IND, VR).

Asiduos parroquianos de la sobremesa convocada con sistemática regularidad por Javier Gaete son Luis García Hernández -gerente del PTI de Corfo San Antonio y Litoral de los Poetas- ejecutivos del Mall Arauco San Antonio, Roy Crichton y el diputado DC Víctor Torres.

De esa primera etapa, la diputada María Hoffmann Opazo y el también UDI ex Gobernador Mauricio Araneda Atenas -hoy Consejero Regional- son protagonistas; sin embargo, con el paso del tiempo, los afectos por la dupla gremialista desaparecen drásticamente.

Aprovechando la campaña electoral de finales del 2013, los Gaete Crichton reactivan “Revista SAI” -su primer tiraje fue en abril- publicación de papel couché en la que dos periodistas de la zona redactan artículos sobre empresas como Puerto Central y políticos como el ex alcalde de Santo Domingo Fernando Rodríguez Vicuña, Omar Morales Márquez -entonces candidato a diputado del PRSD por el distrito 15 y actual Seremi de Economía de la VR- el alcalde de San Antonio Omar Vera Castro, la diputada Hoffmann, Mauricio Araneda, el Senador PPD Ricardo Lagos Weber y el saliente CORE del PRSD Mariano González Clavería.

La dupla Torres Crichton también.

Tras varias ediciones, los reporteros a cargo abandonan el proyecto debido a que Javier Gaete no responde por los honorarios acordados.

Al día siguiente del lanzamiento en la parte alta de Bellavista, el Core Crichton carga en su perfil facebook una nueva fotografía -ya figuraban cuatro subidas que retrataban el forcejeo entre vecinos y Carabineros durante la jornada anterior- en la que una mujer aparece a mitad de la noche rodeada de niños en torno a una carpa.

“Ahora después de ser desalojados y dormir en la calle vecinos en olla común junto a sus familiares. En estos momentos mujeres y niños desalojados del campamento Seguir Avanzando duermen en la calle en San Antonio”, detalla.

También -a 24 horas de la dramática expulsión- el diputado Víctor Torres y varios de los desterrados vecinos presentan un Recurso de Protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso patrocinado por el abogado Juan Baez Serey.

Acusan al Gobernador Mauricio Araneda, al Delegado Provincial del Serviu Matías Eyzaguirre Croxatto y al Comisario de Carabineros de San Antonio Patricio Tirado Monge por el desalojo ilegal y arbitrario del Comité Habitacional Nuevo Amanecer ex Seguir Avanzando.

Creen conculcados derechos como la inviolabilidad del hogar; el derecho a la propiedad, a la vida, la integridad física y psíquica. Al respeto y protección a la vida privada y la honra de la persona y su familia. Y el principio de igualdad ante la ley.

Dos meses después del episodio en la toma, Jaime Arancibia Pinto -Presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso- concluye “que no es posible tener por acreditada vulneración alguna a las garantías constitucionales”.

La sentencia añade que “el lanzamiento (…) fue llevado a cabo dentro del marco normativo y por las autoridades pertinentes en uso de las facultades legales”.

La fiesta

Desde su llegada a la ciudad puerto -hace siete años- parte importante de la imagen que el CORE Crichton ha construido públicamente de sí mismo tiene arraigo en su rechazo a la violación de los derechos humanos ocurrida durante la dictadura de Augusto Pinochet.

A través de los medios de comunicación sanantoninos es común escucharlo referirse a las detenciones que -dice- sufrió en el período militar.

Critica duramente los supuestos efectos medioambientales de las inversiones en la zona y a los empresarios ligados a la derecha.

Paradójicamente, en julio del 2013 -recién a tres meses del desalojo- participa de la fiesta que ofrece el matrimonio Gaete Cattan en su casa de Santo Domingo.

Roy Crichton comparte con el jefe de obra de la demolición, el productor pornográfico, el diputado Torres, el alcalde de Santo Domingo -Fernando Rodríguez Larraín- el empresario Andrés Pons y su pareja Rossana Rauld -ex precandidata a alcaldesa por El Quisco y ex candidata a CORE por la UDI- el Jefe de incendios de Conaf Patricio Balladares y el DC Marcelo Morales -actual Jefe de Gabinete de Bienes Nacionales de Valparaíso- entre otros farandulizados asistentes que beben animadamente y bailan al ritmo de una pachanguera banda que toca en vivo para ellos.

Los Gaete

En el Servicio de Impuestos Internos, Gaete Darrouy figura con varios giros: alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operarios, alquiler de autos y camionetas sin chofer y servicios personales en publicidad.

Sin embargo -a pesar de su vigencia- el último timbraje de facturas es del 2008 y el de boletas de honorarios, 1987.

El empresario es padre de los hermanos Javier, Marcelo y Gabriel.

Gabriel Alonso Gaete Crichton estudió en el Saint Peter’s School de Viña del Mar. Egresa el 2004. El 2010 se titula como Ingeniero Comercial de la Universidad Andrés Bello y cursa un Magister en Marketing del IEDE (Business School, Escuela de Negocios de la Universidad Europea de Madrid). Se desempeña como Supervisor de Ventas y Trade Marketing Zona Norte Chile para “Anheuser-Busch InBev” (nombre comercial de Cervecerías Chile) y Entel. Fue uno de los fundadores de Radio Taxi Mall Arauco San Antonio, Jefe de Marketing en Cesar Discotec, administrador en Bargoño Beach Restobar. Y realizó prácticas como ingeniero de proyectos en Demoliciones Mario Porzio.

Marcelo Andrés Gaete Crichton es ingeniero comercial titulado en la Universidad de Valparaíso. Tras desempeñarse como administrador de bares, restoranes y discotecas- ingresa al área pública como Encargado de la Comisión Bicentenario, Encargado del 2% de Cultura, Deportes y Seguridad Pública y Jefe de Control del Gobierno Regional, el 2011. El entonces Intendente de la Región de O’Higgins -Patricio Rey Sommer- solicitó su renuncia por algunas irregularidades administrativas. En febrero del 2013 es designado como Director Suplente del Hospital San José de Melipilla, centro asistencial que debe aceptar su renuncia a finales de marzo luego que CIPER CHILE (Centro de Investigación Periodística) indagase en su historial económico. El artículo publicado en marzo del 2013 se refiere a 23 causas en las que Marcelo había sido condenado a pagar cotizaciones previsionales y remuneraciones adeudadas a ex empleados. En la mayoría de esos casos se dictaron embargos en su contra, pero no se concretaron porque nunca fue notificado. Marcelo fue fundador -junto a Javier- de CRG Publicidad y Marketing empresa que en Valparaíso y Viña del Mar se hizo de varios contratos asociados a concesiones en vía pública.

Javier Eduardo Gaete Crichton es publicista de la Universidad del Pacífico.

Uno de sus primeros socios es Andrés Valenzuela Silva -un autodefinido Capitán de Ejército, militante de la Democracia Cristiana, publicista, ex alumno de la Universidad de Santiago de Chile, gestor comercial y brocker- implicado en un fraude denunciado el 2011 por el ingeniero y empresario Agustín Cases Barzana luego de una operación de factoring por varios millones de pesos.

Tiempo después, la amistad termina en una riña a golpes que ambos protagonizaron en las afueras del colegio El Roble, de Santo Domingo.

Los giros inscritos por Javier en el SII van desde el mantenimiento y reparación de vehículos automotores, empresas de publicidad, servicios personales en publicidad y servicios de producción teatral.

El último timbraje de facturas es del 2010 y el boletas de honorarios el 2003.

En marzo del 2009, la fase operativa del Programa Territorial Integrado (PTI) y dos proyectos turísticos -“Red Verde Litoral de San Antonio” y “Corredor Agroturístico Casablanca – San Antonio”- eran parte de la denominada Agenda de Innovación de Fomento de la Producción impulsada por Corfo en la zona.

En alianza con el consorcio chileno español “Alianza Creativa Atlas IP” las iniciativas seleccionadas se ejecutarían a través del agente operador Codesser.

La tarea de formar equipos profesionales quedaba a cargo de Javier, quien recibiría apoyo desde la Oficina Provincial de Desarrollo Productivo, dependiente de la Gobernación de San Antonio.

En ese tiempo, el asistente social Rodrigo Alarcón Carrizo -ex Jefe del Departamento Social y actual encargado Ficha de Protección Social de la municipalidad de El Tabo- tenía como misión “identificar las oportunidades y áreas de desarrollo productivo en San Antonio”.

Paralelamente, Víctor Torres (PDC, actual diputado en su segundo período) era el Gobernador Provincial, Francisco Vásquez (PRSD) director de la Oficina Provincial de Desarrollo Productivo y Marcelo Morales Soto (PDC, administrador público) junto a Roy Crichton Orellana (PDC, tiastro de Javier Gaete Crichton) coordinaban el plan “Más Trabajo en la provincia.

De acuerdo al sistema Transparencia Activa, el actual Core Crichton figuraba como Ingeniero en Gestión Pública, percibiendo 1 millón 391 mil pesos. Mejor renta que la del 2006, cuando era un funcionario a honorarios de la Gobernación Provincial de Chacabuco y la del 2008, en la Gobernación de Cautín.

En diciembre del 2008, Javier Gaete se presenta como productor de eventos y empresario en una publicación hecha por Diario El Líder de San Antonio, donde denuncia la sustracción de al menos seis lienzos publicitarios, de los 22 ubicados en “puntos estratégicos de la ciudad”, en el contexto de la campaña de promoción de la fiesta de Año Nuevo Open 2009.

“La inversión para este gran evento de fin de año es millonaria, motivo por el cual queremos hacer las cosas bien y que no se produzcan este tipo de hechos”, declara.

El evento se realiza la noche del 31 de diciembre en los terrenos del estadio Municipal de San Antonio y termina siendo un fracaso para los asistentes; uno de los artistas prometidos -Los Charros de Lumaco- no llega.

Javier Gaete estuvo también detrás del negocio motelero: las cabañas temáticas “El Embrujo” ubicadas en San Juan tienen corta vida y a los pocos meses se extinguen como negocio.

Es el frontman de “Gigantografía Digital”, la EIRL que desde su llegada a San Antonio captura a la escena política local -especialmente concentrada en la Democracia Cristiana (PDC) y la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Junto a él trabaja el ex Secretario de Planificación Comunal Juan Cárdenas Peralta -ex encargado de las finanzas de campaña del actual alcalde Omar Vera Castro y ex precandidato a concejal por la DC en San Antonio- quien durante algunos meses asume tareas administrativas en la agencia.

Participa con ellos Miguel Paz Zúñiga, publicista que tras unos meses denuncia a los Gaete Crichton en la Fiscalía por el robo de una millonaria factura.

La Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones caratula la causa por “hurto y falsificación o uso malicioso de documentos”.

Actualmente, Javier es el encargado comunicacional de la Municipalidad de Cartagena.

De acuerdo al Decreto N° 1073 del 06 de junio de este año, Javier Gaete Crichton es contratado por 800 mil pesos mensuales por el período abril a diciembre de 2014.

Se le encomienda asesorar y generar una estrategia comunicacional para posicionar las acciones de la Municipalidad y del Concejo; supervisar el desarrollo de las comunicaciones estratégicas, planificar y organizar el protocolo de los actos públicos, ceremonias, eventos o reuniones y definir las soluciones gráficas de las publicaciones.

Administra sus redes sociales. Responde emails. Comparte labores con la periodista Carolina Tombolini, familiar de Patricio Tombolini Veliz, Vicepresidente Nacional del Partido Radical Social Demócrata.

BOMBEROS DE CARTAGENA
“Estamos molestos que un particular tome el nombre de bomberos para estas situaciones irregulares”.

El email que escribe Mario Porzio cinco días antes de la demolición del campamento sanantonino resulta clave para entender una serie de ambigüedades en el trato conseguido con el Serviu de la VR.

Según el relato de los pobladores que ese día estuvieron el 10 de abril del 2013, no hubo excavadora, cargador frontal con operador, ni cuatro camiones tolvas grandes. Tampoco la cantidad de operarios, choferes y personal comprometido.

Es en ese correo electrónico que Porzio escribe: “Bomberos de Cartagena confirmó la colaboración remunerada para ejecutar una quema controlada de algunos desechos contaminantes, los que el Servicio de Salud controlará, sin excepciones”.

Al conocer el hecho, Miguel Rojas Napoli -Superintendente de Bomberos de Cartagena- y Diego Alvez Soto -Comandante- se muestran molestos por lo que definen “una situación irregular”.

Niegan haber asistido a una quema durante los días previos y posteriores al desalojo. En esa fecha, Alvez era el Vicecomandante. El Superintendente era Juan Carlos Jiménez, posteriormente desafectado de la institución.

Hoy -dada su antigüedad- es Director Honorario.

En el Acta de Servicio de la Central telefónica -donde se registra el movimiento de los vehículos y el personal en servicio de las compañías- queda acreditado que entre los días 08 y 16 de abril del 2013 no se producen salidas hacia el campamento.

¿Qué tan regular es que un privado demande a Bomberos de Cartagena la ejecución de quemas controladas?
MR: “Bomberos de Cartagena recibe la notificación, para nosotros estar en conocimiento que se va a realizar la quema y no despachar a un incendio que un particular pudiera avisar (…) Sólo recibimos la información y la mantenemos en la Central”.
DA: “De hecho, la figura como quema controlada no existe. Si mandáramos nuestra unidad estaríamos avalando algo que no existe legalmente”.

¿Un particular puede señalar que esta ejecución de quema controlada es remunerada?
MR: “Cartagena no hace ningún tipo de servicio remunerado ni ningún bombero. Jamás hemos cobrado por ningún tipo de servicio; las inspecciones casi no las cobramos”.

Hubo una carta recepcionada por ustedes y remitida por Mario Porzio ¿qué decía esa carta?
DA: “Lo que decía era que en tal fecha y a tal hora se iba a efectuar una quema controlada en ese sector; tomamos conocimiento, pero no asistimos ni participamos”.
MR: “El sector donde fue la toma corresponde a San Antonio. Somos celosos sobre lo jurisdiccional”.

En sus registros no aparecen salidas al sector
DA: “Para nosotros era complicado despachar por el miedo a ser agredidos”.

¿Cómo se sienten al estar involucrados por un tercero en algo donde se comprueba que no tuvieron participación?
MR: “Nuestra institución es una de las más creíbles; estamos molestos que un particular tome el nombre de bomberos para estas situaciones irregulares. Somos transparentes y no tenemos nada que ver en esto de contratos (…)”.
DA: “Nos pilla de sorpresa esto. No teníamos conocimiento que tomaran el nombre de la institución para lucrar a un particular”.

OPERACIÓN CONTROVERTIDA
Publicista mantiene denuncia en Fiscalía de San Antonio contra los Gaete por robo de millonaria factura

El Parte Denuncia 714 de la Policía de Investigaciones de Chile y la Brigada de Delitos Económicos de San Antonio -fechado el 27 de diciembre del 2013 y recepcionado tres días después en el Ministerio Público local- consigna la imputación sobre Javier Gaete Crichton por un antiguo socio y colaborador de Gigantografía Digital -el publicista Miguel Paz Zúñiga- atendido el supuesto delito de “hurto y falsificación o uso malicioso de documentos”.

El oficio 134 -del 09 de enero de 2014- decreta la orden de investigar.

En la “Relación de los Hechos” contenida en la carpeta investigativa, Paz Zúñiga señala que en agosto del 2013 abre su agencia “Paz Producciones”, obligándose a contar con facturas para la venta de servicios relacionados al área. Asegura que a fines de septiembre de ese año Javier Gaete Crichton saca sin su autorización -desde la oficina que mantenía en Gigantografía Digital- una factura en blanco, para autofacturarse a su nombre la adquisición de “(…) un sistema completo de LED en vehículo propio, placa patente FSWZ-20 (…) con una estructura interior acolchada. (…) adquirida por un valor de $8.282.400”.

Miguel Paz Zúñiga entiende que esta operación no consentida pudo originarse en el hecho que ambos -aprovechando su entonces relación de amistad- habían optado por realizar negocios sólo de palabra, sin una sociedad comercial formal.

Manifiesta haberse enterado del supuesto dolo luego de una semana, tras recibir llamado del contador que ambos tenían en común- el ex concejal DC Ramón Silva Suazo- quien le indica la obligación de pagar $1.322.400 por concepto de IVA.

Niega tajantemente haber recibido dinero por la supuesta venta.

Las declaraciones contenidas en el Informe Policial 185 de la PDI -recepcionado por el Fiscal Adjunto Ramón Espinosa Sapag el 20 de marzo del 2014- arrojan una serie de imprecisiones de parte de los involucrados en la investigación.

Ramón Silva Suazo establece conocer a Paz Zúñiga desde el 2012 al ser él contador de “Gabriel Gaete EIRL”. Detalla saber que “Paz vendía publicidad, que (junto a Javier Gaete) “iban a trabajar juntos” y que ambos publicistas inician servicios de publicidad móvil.

Respecto a la factura investigada, Silva Suazo declara que “contablemente se efectuó el registro respectivo, no tengo certeza de la manera en que se perfeccionó dicha operación. (…) El IVA correspondiente fue pagado mediante una transferencia electrónica de $1.322.400 que realizó don Marcelo Gaete -si mal no recuerdo- desde una cuenta bancaria perteneciente a don Gabriel Gaete”.

En su declaración, Javier Gaete Crichton relata que “le presenté mi contador a Miguel. Como él no tenía oficina, le ofrecí un espacio en la oficina de mi padre -Marcelo Gaete Darrouy- quien administra la sociedad de mi hermano Gabriel Gaete dedicada al negocio de la impresión digital. Gabriel vive en Santiago y no participa en los negocios”.

Esta versión de Javier no coincide con la de su padre -Marcelo Gaete Darrouy- quien ante la PDI indica todo lo contrario (ver más adelante).

“Como era en el acuerdo inicial procedí a emitir de mi puño y letra la factura n°9 de la empresa Miguel Paz Zúñiga, de fecha 25 de septiembre de 2013, por los servicios de habilitación de sistema completo LED por un valor bruto de $8.282.400. El mismo Miguel me entregó personalmente la factura (…) Desconozco dónde guardaba el talonario de facturas Miguel Paz. De este modo, mi padre Marcelo Gaete le hizo entrega de 6.960.000 a Miguel en dinero en efectivo, correspondiente al monto de la factura. El IVA le fue transferido electrónicamente al contador, don Ramón Silva, para el pago correspondiente”.

“Luego de eso, a comienzos del mes de noviembre del año pasado, Miguel decidió abandonar la oficina que le habíamos facilitado, para instalarse en su casa (…) Por recomendación de mi padre, le pedí a Miguel que firmara un certificado en donde se señala que la sociedad de mi hermano Gabriel Gaete no mantiene deuda alguna con él, a lo que accedió sin inconveniente alguno”.

La versión del denunciante -Miguel Paz Zúñiga- ante el oficial investigador -Subcomisario Gerardo Hernández Rodríguez- es diametralmente opuesta a los antecedentes entregados por los Gaete.

¿Era la idea original que adquiriera las pantallas LED para luego vender equipos a la empresa del hermano de Javier?
“No. La idea fue siempre utilizare estos equipos para prestar servicios de publicidad móvil a distintos clientes que en su gran mayoría eran conseguidos por Javier Gaete y por lo que le pagaba una comisión del 50% del valor de la venta”.

¿Le entregó personalmente la factura n° 9 para que la emitiera a nombre de la empresa de su hermano Gabriel?
“Jamás autoricé a Javier para que emitiera dicha factura. Sí es efectivo que otras facturas de mi empresa fueron confeccionadas por Javier Gaete siempre frente a mí debido a que realizábamos negocios juntos (…)”.

¿Es cierto que el padre de Javier, Marcelo Gaete, le hizo entrega de $6.960.000 en dinero en efectivo correspondiente al monto neto de la factura?
“No. Jamás me pagaron dinero alguno, sólo se limitaron a transferirle a mi contador, Ramón Silva el valor correspondiente al IVA asociado a la factura”.

El 17 de marzo del 2014, la PDI se apersona en el denominado lugar del suceso y entrevista a Marcelo Gaete Darrouy.

“Desde sus inicios, hace aproximadamente tres años soy el representante y administrador de la sociedad de mi hijo, Gabriel Gaete Agencia EIRL, dedicada a publicidad e impresión digital”.

“Hace un par de años conocí a Miguel Paz a través de mi hijo Javier quienes eran amigos. Si bien es cierto, Miguel Paz se reunía habitualmente con mi hijo Javier en nuestras oficinas en calle José Freire n°60, San Antonio, no ocupaba estas dependencias como oficina particular, por lo que descarto que mantuviera en dicho lugar documentos personales o de su empresa, en particular facturas de venta”.

Prueba lo contrario una fotografía en el perfil facebook de Gigantografía Digital donde Miguel aparece sentado en su escritorio, frente a su computador.

“Cerca del mes de mayo o junio del 2013 (…) Javier me comentó la idea de proponerle a Miguel el proyecto de habilitación de pantallas publicitarias móviles, las que posteriormente serían adquiridas por nosotros para explotarlas con distintos clientes que manteníamos, para propaganda en la vía pública (…)”.

“Fui testigo presencial de la propuesta hecha por Javier a Miguel, ocasión en la que éste último estuvo de acuerdo”.

“(…) sé que fue en el mes de Septiembre del año 2013, Miguel montó las pantallas y el equipamiento en una camioneta de nuestra empresa y procedimos a probar que el sistema estuviera funcionando (…)”

“Luego de eso, y habiendo probado el sistema, Miguel me hizo entrega de la factura n°9, de su empresa, de fecha 25 de septiembre de 2013, por un monto total de $8.282.400. por lo que procedí a pagarle el dinero en efectivo la suma de $960.000, y los $6.000.000 restantes (completando así el valor neto de $6.960.000) se los fui pagando de manera parcializada semanalmente durante los meses de agosto y septiembre de 2013, dinero por el cual no me entregó respaldo alguno. El IVA asociado a dicha factura lo transferí vía internet directamente a la cuenta bancaria del contador que teníamos en común, don Ramón Silva Suazo”.

“(…) Actualmente dichos equipos se encuentran guardados en la ciudad de Viña del Mar, en el inmueble que me facilitó un amigo, del cual no deseo dar mayores antecedentes para no involucrarlo en el asunto”.

En el sistema Informático de Gestión Policial, Gaete Darrouy registra antecedentes de detención por infracción a la Ley de Cheques y por Giro Doloso de Cheques.

JOSÉ MIRANDA, DIRIGENTE DEL CAMPAMENTO
“Estoy totalmente sorprendido y bajoneado. Me siento más triste aún. Nosotros hasta el día de hoy no sabemos la realidad…”.

En abril del 2014 -a un año del desalojo- el periodista Juan Olivares Meza realiza una crónica para CableNoticias -la edición informativa central de Canal 2 Televisión, el noticiario central de Canal 2- sobre la situación actual del ex campamento.

Revela las miserables condiciones de cinco familias que se mantienen en el sitio y que ya han debido soportar un invierno sin servicios básicos, en cuartuchos construidos con madera, nylon y desechos.

Los pequeños niños -expuestos al frío, la lluvia y el barro- sufren reiterados cuadros broncopulmonares.

Ellos y sus madres cesantes defecan en tarros plásticos.

Concluye la nota anunciando un nuevo invierno “que viene más rápido que la mentirosa solución que hartos prometieron y que se quedó perdida quién sabe en qué escritorio, en cuál campaña política, en cuál oficina, en cuál conciencia que olvidó el sufrimiento de este pobre grupo de personas”.

A la luz de los antecedentes, una tesis perfectamente confiable.

José Miranda es el dirigente y vocero de la toma.

Se detiene a metros de lo que fue el campamento, hoy adornado por un letrero gubernamental que promete invertir 83 millones de pesos en un proyecto deportivo cuyos avances se resumen al emparejamiento de una parte del terreno.

Ha pasado casi un año y medio. Estamos en el terreno y no hay avances ¿qué siente como dirigente tras vivir el desalojo?
“Nosotros hemos visto tantas cosas; lo que más nos duele es que el SERVIU no haya querido trabajar con nosotros. Ellos se apuraron en demolernos. El terreno está abandonado; las obras están paralizadas. Sentimos que esto fue un abuso de poder porque no nos dieron la oportunidad”.

¿Qué personajes políticos estuvieron y no con ustedes?
“Hasta hoy los que han estado siempre han sido el Consejero Regional Roy Crichton y el diputado Víctor Torres; ellos nunca nos han abandonado. El delegado del Serviu Matías Eyzaguirre nunca nos visitó ni dio la oportunidad de seguir trabajando con ellos. Vinieron desde la Seremi de Desarrollo Social y la diputada Hoffmann y nos prestaron ayuda, pero nos abandonaron; ellos se comprometieron en muchas cosas y no nos cumplieron. Nos hicieron una ficha de protección social, pero fue un tongo, sólo para verificar quiénes éramos realmente de la zona”.

El jefe de obra de la demolición fue Marcelo Gaete ¿lo ubica?
“Estoy totalmente sorprendido; lo que tengo entendido es que el Serviu llegó ese día a las 8:15 y tras ellos venía una máquina retroexcavadora y dos o tres camiones de mudanzas del Serviu que se llevaron las cosas a unas bodegas y no sabemos dónde están”.

¿Ese día tuvieron contacto con el jefe de obra?
“No; ese día a nosotros se nos implantó la demolición con fuerzas especiales. Yo me estoy enterando ahora de esto. Lo que tengo entendido es que el Serviu pagó 500 mil pesos para destruir lo que había acá”.

Le quiero contar que el Serviu canceló casi 10 millones de pesos por la demolición
“Ohhh…”

¿Usted sabía que el jefe de obra es tío de (debimos decir cuñadastro) Roy Crichton?
“No; nada”.

¿Qué siente?
“Para que voy a mentirte. Yo no sabía. Estoy totalmente sorprendido y bajoneado. Me siento más triste aún”.

Sepa que la solicitud original del empresario fue de casi 15 millones de pesos.
“Ohhh…”

Él ofreció una quema controlada ¿hubo algo de eso?
“No. Se intentó quemar una casa, pero se apagó altiro”.

El empresario habló de remunerar a bomberos de Cartagena.
“Mentira. Nunca llegó bomberos acá”.

¿Por qué habla de 500 mil pesos?
“Fue lo que se comentó acá”.

La información oficial… casi 10 millones de pesos por demoler y retirar escombros.
“Ohhh… Acá pasaron 7 u 8 meses en que nunca se retiraron escombros. Nosotros quemamos la leña. Los escombros los quemamos nosotros”.

¿Se siente engañado?
“Totalmente”.

Alguna vez el CORE Crichton ¿le contó que el que estaba a cargo de la demolición era su tío (debimos decir cuñadastro)? Él tiene derecho a trabajar, pero a mi juicio hay un conflicto de interés; podría haberles contado.
(Se encoje de hombros) “Pienso que sí; estoy sorprendido; no sé qué puedo hablar… enterarse después de un año y cuatro meses las cosas que pasaron… Fuimos tan engañados durante un año por el gobierno; se nos ofreció la compra de un terreno mediante el Gobierno Regional… esa era la versión que había. Nosotros hasta el día de hoy no sabemos la realidad…”


CONSTRUCTORAS SANANTONINAS
Menores valores por el mismo servicio

Dos constructoras establecidas de San Antonio aportan una serie de valores cuya suma promedial arroja un cálculo bastante menor en el valor final por los mismos servicios entregados por Mario Porzio.

En el ejercicio, las empresas locales -que solicitaron no se publicaran sus nombres- consideraron un paquete estándar, cruzando la información fijada en los emails que intercambió el Serviu de la VR con MP y lo testimoniado por los vecinos de la toma.

La primera incluyó: traslado de retroexcavadora, horas máquina, dos camiones, traslado camiones, personal (diez operarios), imposiciones, colaciones, retiro de escombros en botadero (150 mt3), IVA, seguros y condiciones de riesgo en faena.

El valor neto sería de $3.366.000.

La segunda incluyó: traslado de retroexcavadora, excavadora, retroexcavadora, dos camiones tolva, operadores, jornales y un prevencionista.

El valor neto sería de $3.420.000.

Cabe consignar además, que no existen registros oficiales sobre el metraje cúbico del material vertido ni el lugar exacto donde -el día de la demolición- los camiones dejaron algunos escombros, ítem que debiera incidir directamente en un precio menor aún.

Existen archivos fotográficos y testimonios que aseveran que varios camiones llegaron durante el día del desalojo hasta calle Central en el sector de la Viuda VI -Llolleo- a depositar paneles y madera en un sitio semiurbano del lugar -no destinado a botadero o vertedero legal- desconociéndose si hubo o no pago por el servicio.

EL SILENCIO DEL CONSEJERO REGIONAL DC ROY CRICHTON

El 29 de agosto, enviamos un email a la casilla electrónica del falangista, según una conversación donde se le anticipó qué preguntas necesitábamos nos respondiese.

.- El 2013, usted junto al diputado Torres levantaron la voz por el sobrepago de letreros del hospital Claudio Vicuña. Disponemos de valores y cotizaciones de constructoras locales que habrían cobrado varias veces menos ¿Van a fiscalizar? ¿Van a hacerlo público?

.- ¿Por qué no contarle a los dirigentes y pobladores de la relación parental entre usted y el jefe de obra en la demolición del campamento? ¿Considera eso un “conflicto de interés”?

.- Políticamente, usted ha hecho público su rechazo a la dictadura de Pinochet. Marcelo Gaete Darrouy es un acérrimo pinochetista. Más allá de las libertades individuales y su legitimidad ¿Es contradictorio que usted comparta en actos privados con él?